Un reciente estudio del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (CINPE) de la Universidad Nacional reveló que el costo para los consumidores de los medicamentos en Costa Rica tiene sobreprecios al compararlos con los valores de los mismos productos en El Salvador, con diferencias que alcanzan 50%, 60%, 70% y hasta 100%.
Este estudio se une a varios análisis que se han realizado a través de los años y que demuestran que el acceso de los consumidores a los medicamentos tiene con gran barrera precios más altos que en el resto de la región centroamericana.
Si bien, esta situación ha motivado la presentación de varios proyectos de ley, algunos promulgando la regulación de precios, lo cierto del caso es que siempre se ha apuntado a la necesidad de promover la competencia y reducir la burocracia para promover una verdadera rebaja en el costo de los medicamentos a los consumidores, para beneficio de la salud de la población.
En este sentido llama la atención la denuncia hecha por la Asociación de la Industria Farmacéutica Nacional (ASIFAN) contra el Ministerio de Salud al supuestamente ampliar la lista de productos que requieren de un estudio de bioequivalencia, determinando la existencia de riesgo sanitario en productos que, según ASIFAN no tienen esta característica.
Según la denuncia, la ampliación de criterios para definir los principios activos con base en “Mayor venta. Mercado Privado” no forma parte de los criterios establecidos en la normativa vigente establecida en el inciso 23 del Art. 4 del Decreto 32470-S. Por lo tanto, esta ampliación de criterios es contraria a la ciencia y técnica, y afecta a los consumidores lo cual es sumamente grave considerando que se trata de medicamentos que son necesarios para su salud.
La ampliación del listado -aparentemente en 48 principios activos según el informe técnico indicado en la denuncia- implica un encarecimiento del proceso de comercialización de medicamentos genéricos debido a los costos de las pruebas de bioequivalencia y tiempo de ejecución.
El problema principal de esta acción del Ministerio de Salud implicaría un encarecimiento del proceso de comercialización de medicamentos genéricos debido a los costos de las pruebas de bioequivalencia y tiempo de ejecución, lo cual evidentemente impactaría el bolsillo de los consumidores.
Esperamos que esta denuncia sea atendida a la mayor brevedad y que el Ministerio de Salud dé marcha atrás con la actuado, siempre poniendo en primer lugar la salud de los consumidores, pero también atendiendo a criterios de promoción de la competencia en materia de medicamentos, en estricto cumplimiento de la normativa ya establecida internacionalmente.
Fuente. Erick Ulate Quesada, Presidente Consumidores de Costa Rica